Última edición: 12/5/2020

El cierre de los centros educativos es una de las medidas del estado de alarma que el Gobierno mantiene por la pandemia del coronavirus. Esta situación no debería preocuparle a los colegios privados concertados, pues sus enseñanzas ordinarias lectivas, tanto si deben hacerse presenciales o telemáticas, están completamente sostenidas con fondos públicos.

Pero, según dice la concertada en una carta remitida a la Generalitat de Catalunya (PDF), los alumnos «[…] desde el primer día, han mantenido la actividad escolar por vía telemática» pero ya no les pagan las cuotas supuestamente voluntarias. En contrapartida, las patronales exigen con descaro que la Generalitat les compense y repague — la clientela lo tiene pagado con impuestos — el pago ilegal que llaman “plan de rescate”, a razón de 16 millones de euros por mes que los colegios permanezcan cerrados. Las patronales declaran estar “al borde de la quiebra” porque las autoridades educativas han sido insistentes, en la prensa y redes sociales, en que las cuotas son voluntarias, como marca la ley.

Lo peor del caso es que, por si no fuera suficientemente anómalo en el mundo que el Estado pague a las familias ir a estos colegios privados (“la concertada”) — solo en Catalunya reciben más de 1.100 millones de euros, por encima de cualquier otra comunidad autónoma —, además establezcan pagos que, a todas luces, parecen más bien sobrecostes obligatorios y digan por escrito que las cantidades a percibir de las familias son repercutidas en la actividad ordinaria lectiva.

“[…] el cobro a las familias de las enseñanzas declaradas gratuitas en esos colegios privados puede considerarse una ilegalidad […]”

Estos hechos deberían ser sancionados por la «Inspecció d’Educació», atendiendo a que el cobro a las familias de las enseñanzas declaradas gratuitas en esos colegios privados puede considerarse una ilegalidad. Según establece el Artículo 88 de la LOE/LOMCE, «en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios».

El problema radica en que los hechos no son novedosos. Como apunta el «Estudio de Precios de Colegios Concertados (2018)» de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), la práctica totalidad infringe la gratuidad con el cobro de cuotas base que, en la práctica, son obligatorias.

Un territorio abonado a las privatizaciones

Estas ilegalidades llevan años cometiéndose ante los impasibles gobiernos autonómicos de izquierdas y acción de las derechas. Si bien, según expone el informe de CEAPA, en Catalunya y la Comunidad de Madrid las cuotas son las más obligatorias y caras — coincidentemente, son los territorios con los servicios públicos más privatizados de España —.

La situación no extraña, después de casi 30 años de gobiernos derechas de CiU. La interrupción de las dos legislaturas del «tripartit» (PSC, ERC e ICV, 2003-2010) no fueron mejores y culminaron con la aprobación de la LEC (2009); la ley educativa autonómica que anticipó 4 años los desmanes de la LOMCE (PP, 2013). Pero, en la última década, coinciendo con la vuelta de CiU a la Generalitat y las varias metamorfosis hasta JxCat, cogobierno con ERC y «el procés» (independentista), han dejado los peores y más abruptos recortes a la educación pública — también en la sanidad, servicios sociales y otros — y aumentos de la asignación a los centros privados.

“[…] varias metamorfosis hasta JxCat, cogobierno con ERC y «el procés» (independentista), han dejado los peores y más abruptos recortes a la educación pública catalana y aumentos de la asignación a los centros privados”

Los efectos de las políticas de la Generalitat han sido y son múltiples: cierres de aulas públicas, más alumnos por aula (ratios altas), falta de formación a la docencia, decenas de centros públicos en barracones, o una reducción drástica de la asignación pública para gasto corriente y equipamiento. Sobre eso último, las direcciones de los colegios públicos, en lugar de lidiar con un presupuesto exiguo, han generalizado desde 2010 el cobro de cuotas obligatorias ilegales a las familias, lo que colabora en mantener y acrecentar el flujo de dinero a los concertados. Según indican estudios realizados por las propias administraciones — «Las escuelas públicas de los barrios ricos de Barcelona captan más del doble de dinero de las familias para material y excursiones» (El Diari de l’Educació) —, los colegios públicos establecen pagos ilegales de distintas cuantías con sobrecostes camuflados en “cuotas únicas” e indivisibles, con diferencias según el proyecto educativo e incluso dentro de un mismo barrio que discriminan y segregan por razón económica, del mismo modo que lo llevan haciendo los colegios privados concertados desde hace décadas.

Con la salvedad que, en la pública, los sobrecostes cobrados a las familias son empleados en suplir los recortes que la Generalitat ejecuta para aumentar las transferencias públicas destinadas a la concertada que, como apuntan los medios de comunicación, es un negocio como toda la escuela privada, conertada o no — «Escuela concertada: un negocio de 6.000 millones de euros al año y dos millones de alumnos » (eldiario.es) —. Dicho de otro modo, las autoridades educativas obligan a las familias al repago ilegal de la educación pública que segregan y privatizan sosteniendo colegios privados con los recursos públicos«La segregación escolar en Catalunya: la concertada asume menos de la mitad de los alumnos pobres que le tocarían» (eldiario.es) —.

La comunidad educativa y partidos de izquierdas giran la cabeza

“[…] la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (FAPAC) […] justifican prácticas irregulares e inmorales y, premian la “transformación social” de los colegios públicos que substituyen los pagos obligatorios ilegales por servidumbre […]”

Respecto a la comunidad educativa catalana, es habitual encontrar comunicados y declaraciones de organizaciones representativas en contra de la concertada, sin que ello se traduzca en actuaciones y denuncias contra las ilegalidades que permiten y cometen las autoridades educativas al servicio de las políticas de privatizaciones de la Generalitat.

En algunos casos, como el de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Catalunya (FAPAC)la práctica totalidad de AMPAs de los colegios públicos —, justifican prácticas irregulares e inmorales, y premian la “transformación social” (segregación y privatización) de los colegios públicos que substituyen los pagos obligatorios ilegales por servidumbre. Las madres y padres que no pueden pagar, les ofrecen condonar una deuda ilegítima a cambio de realizar trabajos forzados que han de ser en horario lectivo (jardinería, montar muebles, limpieza, forrar libros…) — «Premian un proyecto del colegio Ítaca que condona parte de la cuota escolar con horas de trabajo en el centro (Nació Digital) —.

“[…] según los promotores de la ILP (2016), si un colegio privado es sostenido con dinero público, cobra cuotas ilegales baratas y no es del Opus Dei, puede continuar cometiendo ilegalidades, seguir segregando por razón económica y expoliando a la educación pública. En definitiva, ni hablar de llevar a las autoridades educativas y patronales a los tribunales por permitirlo y promoverlo respectivamente”.

Otro hecho remarcable y a colación de las cuotas ilegales de la concertada, es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP, ver PDF) que, diversas organizaciones y sindicatos, presentaron en 2016 en el Parlament. Una pretendida nueva ley educativa que superase a la LEC («Llei d’Educació de Catalunya») surgida, según dice su texto, de «la necesidad de una escuela pública de calidad y para todos».

Al margen de que fue inadmitida por el Parlament, es cuestionable que una propuesta de ley que decía acabar progresivamente con los conciertos educativos en 10 años, a la par hubiera permitido seguir a los colegios privados concertados si cobran cuotas ilegales “baratas”. La ILP decía literalmente que se debía empezar por eliminar los conciertos a «[…] aquellos centros (privados) que cobren cuotas muy altas […]» y «los que segreguen por “razón de sexo”», algo que hasta ERC compra sin esfuerzo porque no cuestiona los concertados sino “los excesos” y lo menos significativo«Educació retirará el concierto a los centros de primaria que segreguen por sexo o con cuotas excesivas» VilaWeb (2019) —. Es decir, según los promotores de la ILP, si un colegio privado es sostenido con dinero público, cobra cuotas ilegales baratas y no es del Opus Dei, puede continuar cometiendo ilegalidades, seguir segregando por razón económica y expoliando a la educación pública. En definitiva, ni hablar de llevar a las autoridades educativas y patronales a los tribunales por permitirlo y promoverlo respectivamente.

“Alberto Garzón (IU), al ser preguntado por las cuotas de la concertada […] aún estando prohibidas por la ley […], las justifica de forma mendaz, afirmando que es «un servicio muy especial que se vincula a la educación» y añadió que «aunque no se asista a las clases, la actividad lectiva sigue produciéndose online»”

A nivel estatal, la hemeroteca de las izquierdas y derechas nos daría ejemplos de complicidades con la concertada desde tiempos pretéritos. Pero no es necesario irse tan lejos, puesto que el estado de alarma y cierre de todos los centros educativos (también los privados) obligan a la política a salir de la habitual comodidad y postureo.

Es el caso de Alberto Garzón (Izquierda Unida, actual ministro de consumo del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos) que, al ser preguntado por las cuotas de la concertada y si debían devolverse o dejarse de cobrar, declaró que podían continuar con los cobros a las familias. Aún estando prohibidas por la ley orgánica (Artículo 88), el ministro del gobierno que iba a cambiar el mundo, las justifica de forma mendaz — como las derechas, afirmando que es «un servicio muy especial que se vincula a la educación» y añadió que «aunque no se asista a las clases, la actividad lectiva sigue produciéndose online»«Escuela concertada no deberá devolver cuotas porque están prestando servicios», (LaVanguardia) —.

Alternativas en defensa de la educación pública

Conscientes de la transversalidad social y política en Catalunya a su favor — la Generalitat concerta desde hace años la atención primaria sanitaria y tampoco hay voluntad de revertirlo —, la concertada está como pez en el agua. Puede comunicar a la opinión pública la comisión de lo que pueden considerarse graves ilegalidades, como el cobro de cuotas que perciben por las enseñanzas declaradas gratuitas, sin la oposición y sanción, sino apoyo de las autoridades educativas — la Asociación de Inspectores de Educación de Catalunya (AIEC), respecto a las cuotas ilegales de los públicos, dicen que «hay que intentar que sean aceptables y asequibles» (El Crític).

“[…] a la concertada le sale gratis bordear la extorsión a la Generalitat, cuando le exige a las autoridades educativas 16 millones de euros mensuales en dinero público “por estar al límite de la quiebra”, en compensación por las cuotas “voluntarias” que las familias no pagan durante el confinamiento”

Por eso, al parecer, a la concertada le sale gratis bordear la extorsión a la Generalitat, cuando le exige a las autoridades educativas 16 millones de euros mensuales de dinero público “por estar al límite de la quiebra” — la Generalitat les está ingresando el concierto educativo mensualmente como es habitual en cualquier situación: «El Govern acelera los pagos a la concertada e indemniza las empresas de comedor y transporte escolar» (El Diari de l’Educació) —, en compensación por las cuotas obligatorias ilegales que las familias no pagan durante el confinamiento.

En el caso que el Govern accediera, sería a costa de recortar más a la educación pública, como ocurre en cualquier país del mundo y explica Jonathan Teghtmeyer de Alberta Teachers’ Association (Canada): «cualquier incremento en financiar opciones privadas viene de los fondos que ya existen para los servicios públicos»«La Privatización es el elefante en la habitación» Editorial, Alberta Teachers’ Association (ATA) —.

Vistos los hechos, necesitamos pensar las actuaciones que, en este momento, podrían ser efectivas para defender a la educación pública y reducir la depredación hasta suprimirla. Con el marco político contrario y sin voluntad, no hay los votos para superar las leyes educativas antidemocráticas que usa la Generalitaty el resto de administraciones autonómicas — para privatizar y segregar. Sin embargo, hay alternativas en la transitoriedad.

Rescisión de conciertos que contravienen la gratuidad

“[…] la infracción de «impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad» puede ser un incumplimiento muy grave que se sanciona con multas y la rescisión del concierto educativo al centro privado

Aún con la impunidad política, los conciertos educativos están regulados en la ley orgánica de educación. Según establece la Disposición Final Primera de la LOE/LOMCE, la infracción de «impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad» puede considerarse incumplimiento muy grave que se sanciona con multas y la rescisión del concierto educativo al centro privado.

A tenor de lo que dice el informe de precios de CEAPA, el 79% de los 48 concertados que visitaron establecía pagos obligatorios. Huelga decir que los datos son representativos, máxime una vez las patronales no disimulan con su carta a Educació y dicen que representan a los más de 700 centros privados concertados que cobran por “la actividad escolar”.

“De aplicar la ley, la práctica totalidad de colegios privados deberían ser sancionados con la rescisión del concierto educativo, o lo que es lo mismo: dejarían de recibir dinero público”

De aplicar la ley, la práctica totalidad de colegios privados deberían ser sancionados con multas y la rescisión del concierto educativo, o lo que es lo mismo: dejarían de recibir dinero público.

Interponer recursos en vía administrativa es gratuito, por lo que hacerlo o no hacerlo es una cuestión de voluntad. Si bien es cierto que, por la dimensión política y social, sería deseable que fueran los sindicatos y organizaciones educativas las que iniciaran el procedimiento, en representación del interés común de defender a la educación pública. Además, es improbable que la Administración Educativa fuera a resolver con ajuste a derecho o sanciones esperables. Eso haría necesario el recurso judicial contencioso-administrativo, el cual requiere medios económicos porque la asistencia de un abogado y un procurador es obligatoria.

Hay ejemplos de ligitios que iniciaron familias en colegios concertados que denunciaron las cuotas ilegales y los tribunales fallaron imponiendo a las patronales multas y la devolución de las cantidades. Por citar dos casos, está el de la Escola Pia de Olot — «La Escuela Pía de Olot devuelve 26.490€ cobrados ilegalmente» (ElPeriódico) —, o el de Instituto de las Escuelas Cristianas La Salle de Almería al que le fue impuesta una multa de 186.518€ — «TS confirma la multa de la Junta a un colegio de Almería por cobro de cuotas» —.

Actuar contra la privatización

Los años de recortes a los servicios públicos y privatizaciones, a la vista de los hechos, ERC no los va a revertir (titular de las conselleries de educación y sanidad, entre otras), y en todo caso el expolio de lo público va en aumento — «Educació prevé 145 millones para que la concertada avance hacia la gratuidad» (EL PAÍS) —.

“Es imprescindible asumir que, para que vuelvan los recursos adecuados a la educación pública y revertir los recortes, deben suprimirse los conciertos educativos”

Defender la educación pública contra las privatizaciones no es ciencia aeroespacial: es imprescindible asumir que, para que vuelvan los recursos adecuados a la educación pública y se revertan los recortes, deben suprimirse los conciertos educativos.

La pasividad de las organizaciones educativas representativas y partidos de izquierdas que giran la cabeza y no enfrentan a las patronales que depredan a la educación pública, abocan a más retrocesos y dejan el espacio hueco a merced de los intereses de los poderes económicos.

“[…] la inmunidad política le es (a la concertada) fundamental y sin los cobros el negocio es menos atractivo, ya que la exclusividad y selección del alumnado por razón económica es uno de los reclamos en la venta de privilegios educativos”

Quizás sea el momento de mover ficha y, en la transitoriedad hasta lograr una ley educativa democrática antiparasitaria, por lo menos se obligue a la concertada a cumplir la ley: la inmunidad política le es fundamental y sin los cobros el negocio es menos atractivo, ya que la exclusividad y selección del alumnado por razón económica es uno de los reclamos en la venta de privilegios educativos — «La segregación escolar entre ricos y pobres se asienta: la privada y concertada acoge solo al 7,5% de los alumnos desfavorecidos» (eldiario.es) —.

No hacer nada, jugar al unicornio en el jardín y el postureo del “clickactivismo” en las redes sociales es peor que sumar cero: se puede entender como la complicidad con el expolio.

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