Con la situación de crisis sanitaria y pandemia por el COVID19 algo más controlada, los gobiernos de la mayoría de países están relajando el confinamiento y reabriendo la actividad social y económica. No hay excepción en la educación y las administraciones autonómicas han ordenado la reapertura de los centros educativos y las clases presenciales con ciertas limitaciones.

Habrá casos plausibles, pero en otros, como por ejemplo la educación infantil y la primaria, o los primeros cursos de la ESO, no parecen viables y seguros en términos de salud pública. En ciertas edades es difícil imaginar al alumnado sin poderse tocar e interactuando con sus maestras a dos metros de distancia. Lo peor es que se abren los centros educativos a 19 días de cerrar el curso y eso convierte esta medida apresurada en un disparate cuando no una negligencia contra la salud del alumnado y docencia.

En otros países no ha funcionado bien

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a las autoridades de que el virus COVID19 es también contagioso entre la infancia y la reapertura de los colegios debe hacerse con ciertos criterios: «¿la epidemia está bajo control?, ¿el sistema sanitario puede hacer frente a un resurgimiento de los casos una vez se relajen las medidas? y ¿los sistemas de vigilancia son capaces de detectar y gestionar los casos de contagio y sus contactos?» — «Consideraciones relacionadas con las medidas de salud pública en los colegios en el contexto del COVID-19» —.

“Lo que expone la OMS no es que la educación presencial pueda ser segura, sino justo lo contrario: el riesgo de contagio entre menores y adultos sigue ahí”

Lo que expone la OMS no es que la educación presencial pueda ser segura, sino justo lo contrario: el riesgo de contagio entre menores y adultos sigue ahí. Hay países como Francia o Corea del Sur que han vuelto a cerrar los colegios tras abrirlos por haber casos de infección por COVID19, según informan La Vanguardia «Francia cierra 70 escuelas en una semana por casos de coronavirus» y la BBC «Corea del Sur cierra cientos de escuelas recién abiertas tras nuevos brotes de covid-19».

La argumentación de las autoridades educativas

La crisis sanitaria y el forzoso y pertinente confinamiento, ha encerrado a millones de menores en sus hogares. Algo que ha sucedido a la par de las consecuencias de la situación, como es la pérdida del sustento económico de las familias: algunas empresas han despedido parte o la totalidad de sus plantillas y en otros casos les aplicaron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); en el mejor de los casos y en los sectores que ha sido posible, la actividad ha continuado con el trabajo telemático.

“La pandemia ha hecho estallar las redes familiares de apoyo que hasta ahora sostenían una malograda conciliación”

No se partía de una situación favorable en lo que se refiere a conciliación — «Hacia la igualdad real y efectiva: derechos de conciliación laboral y familiar (I)» —. La pandemia ha hecho estallar las redes familiares de apoyo que hasta ahora sostenían una malograda “conciliación”. Las madres y los padres han de hacer jornadas laborales extenuantes y la crianza acaba recayendo en las abuelas y los abuelos. Cuando no, la infancia acaba el horario lectivo y continuan hasta el final del día con actividades extraescolares.

Lejos de dar solución al problema de la conciliación, quienes tienen responsabilidad política parecen más interesados en la vuelta a lo que llaman “normalidad”. Por ejemplo, el consejero de educación catalán, Josep Bargalló (ERC), insiste en reabrir los colegios a falta de 19 días para el fin de curso «para hacer un acompañamiento emocional, pero no clases» (TV3). Una argumentación que comparte la ministra de educación Isabel Celaá (PSOE) que defiende la reapertura por el «valor terapéutico y emocional para todos los alumnos y alumnas que han visto muy alterado su curso escolar en 24 horas» (eldiario.es).

“[…] las administraciones educativas han implantado la improvisada educación telemática […] añadido al disparate, la dotación para seguir las clases en línea no ha llegado”

En paralelo, las administraciones educativas han implantado la improvisada educación telemática con la promesa de que dotarían al alumnado desfavorecido con tablets y conexiones a internet. Sin contar que una casa no es un colegio y no se puede sustituír la educación presencial en ciertas edades ni las familias son docentes. Pero añadido al disparate, la dotación para seguir las clases en línea no ha llegado. En Madrid se acabó anunciando que solo mil jóvenes acabarían recibiendo una tablet (EL PAÍS), o en Catalunya, la consejería de educación afirmó que únicamente asumiría la mitad de los ordenadores para alumnado vulnerable, dejando a la otra mitad a la suerte de la caridad y, como ejemplo, el ayuntamiento de Terrassa y los 300 iPads de los mormones.

Dejar al alumnado de la educación pública a su suerte, obligar a los claustros a evaluar el tercer trimestre del curso y reabrir los colegios a poco de acabar el curso, no cuadra con el supuesto “acompañamiento emocional”. Por qué, entonces, habría tanto interés en reabrir los centros educativos, lo cual incluye a la educación privada y la concertada.

Intereses de la concertada

A los quince días de la declaración del estado de alarma las patronales de la concertada ya habían amagado con que la crisis del coronavirus podía “abocar a cierres” (LaVanguardia). En el artículo decían que «las familias afectadas por el impacto de la crisis habían solicitado la baja de las cuotas» supuestamente voluntarias. Hacía 24 horas que el Gobierno decía que la «escuela concertada no debía devolver cuotas porque están prestando servicios».

“[…] no puede entenderse que la situación suponga el cierre de ningún colegio privado concertado, si el Estado les paga las nóminas de las y los docentes, así como el gasto de las actividades ordinarias en horario lectivo”

Pero no puede entenderse que la situación suponga el cierre de ningún colegio privado concertado, si el Estado les paga las nóminas de las y los docentes, así como el gasto de las actividades ordinarias en horario lectivo. Las cuotas base de la concertada suponen el repago con pagos ilegales de la enseñanza de carácter gratuito. El Artículo 88 de la LOMCE dice que «en ningún caso podrán los centros […] privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios».

“[…] las patronales le exigieron a la Generalitat de Catalunya el pago de 16 millones de euros mensuales de dinero público en substitución de las cuotas supuestamente voluntarias mientras los colegios estén cerrados […]”

Al cabo de un mes, las patronales le exigieron a la Generalitat de Catalunya el pago de 16 millones de euros mensuales de dinero público en substitución de las cuotas supuestamente voluntarias mientras los colegios estén cerrados, como tratamos en el artículo «Con la pandemia, la concertada ni disimula los repagos ilegales que las familias ya no pagan y se los exige a la Generalitat».

Podría decirse que, en general, la situación es homologable a todas las comunidades autónomas, pero en Catalunya existe la particularidad de que, desde hace más de una década, la práctica totalidad de colegios e institutos públicos imponen cuotas ilegales a las familias con las que la Generalitat obliga al repago de la educación pública para destinar más fondos públicos para pagar a los colegios privados.

“Sin […] las cuotas ilegales de los colegios públicos […] el Departament d’Educació podría verse obligado a aumentar la asignación a los centros públicos […] y, ello, podría reducir la financiación pública a los colegios privados”

En coincidencia con las quejas de las patronales de la concertada, las autoridades catalanas anunciaban que los centros públicos deberían devolver parte de las cantidades percibidas de las familias con las cuotas ilegales (prohibidas también por el Artículo 88 de la LOMCE) — «Los colegios han de devolver a las familias los importes de materiales y excursiones» (El Periódico) —. Sin la recaudación por medio de las cuotas ilegales de los colegios públicos y posibles impagos por la situación de crisis socioeconómica, el Departament d’Educació podría verse obligado a aumentar la asignación a los centros públicos puesto que con lo que se les transfiere en la actualidad no pueden afrontar el gasto corriente derivado de la actividad lectiva y, ello, podría reducir la financiación pública a los colegios privados (la concertada). Con la reapertura, los colegios públicos van a tener que devolver menos dinero a las familias.

Intereses en común de la concertada y el negocio de los casales y colonias

Otro sector, com es el de los casales y colonias de verano, no se queda a la zaga en utilitzar la pandemia como pretexto. En abril, según cubría el Diari Ara, pedían al gobierno catalán 80 millones de euros adicionales en subvenciones con el pretexto de que las actividades estivales sean casi gratuitas.

“Otro sector, com es el de los casales y colonias de verano […] pedía al gobierno catalán 80 millones de euros adicionales en subvenciones con el pretexto de que las actividades estivales sean casi gratuitas”

Entre las entidades interesadas, está la Fundació Bofill, conocida por ser promotora de «Escola Nova 21», una entelequia con la que la «La Caixa», la concertada (Jesuítas) y la «Universitat Oberta de Catalunya» han colonizado ideológicamente un buen número colegios e institutos públicos, como explica Jordi Martí (Xarxa TIC) en su artículo «Todo lo que puedo decir sobre Escola Nova 21».

“[…] la única educación que es un derecho que la pague el Estado es la pública y, salvo en Catalunya, los colegios públicos no imponen […] pagos ilegales para suplir el dinero que la Administración Educativa destina a pagar los colegios privados”

Valga decir que esta fundación privada, además de tener interés en conseguir que la Generalitat sostenga casi en su totalidad los negocios del tiempo libre, defiende que la Generalitat aumente los pagos con fondos públicos a la concertada en 200 millones de euros adicionales a los más de 1.000 millones que ya recibeun argumentario que comparte el «Sindic de Greuges de Catalunya» (defensor del pueblo autonómico) —. Lo hace con la engañifa y absurdo que la enseñanza privada debe ser gratuita con dinero público y a la par, sin disimulo, pide que la pública también lo sea. Cabe recordar que la única educación que es un derecho que la pague el Estado es la pública y, salvo en Catalunya, los colegios públicos no imponen de forma generalizada y extendida pagos ilegales para suplir el aumento del dinero que la Administración Educativa destina a pagar los colegios privados.

Alternativas

Quizás hayan otras razones e intereses, pero la insistencia en reabrir los colegios en el mes de junio no parece ajustarse a parámetros de salud pública y se intuye que las autoridades educativas y gobernantes actúan con la finalidad de proteger el negocio y lucro de las patronales de la concertada y la educación privada en general.

“Los sindicatos docentes podrían convocar a la afiliación a huelga y plantarse, así como registrar recursos contencioso-administrativos contra las instrucciones de las consejerías de educación […]”

Contra esta situación, en la inmediatez, no hay muchas soluciones posibles. Los sindicatos docentes podrían convocar a la afiliación a huelga y plantarse, así como registrar recursos contencioso-administrativos contra las instrucciones de las consejerías de educación para evitar la reapertura de los centros educativos, salvo para casos puntuales (fines de etapa, como 6º de primaria, 4º de la ESO, 2º de bachillerato y preparación para la selectividad, etc.). Desde hace días se han ido conocido casos de direcciones que, por iniciativa propia, han decidido desobedecer las órdenes de las consejerías de educación — comunicados de todo el territorio catalán publicados por el sindicato USTEC —.

“[…] hacen falta alternativas y políticas, como adaptar los horarios comerciales para que el trabajo y crianza sean compatibles”

Por parte de las familias, debido a que la asistencia presencial del alumnado es opcional, bastaría con seguir el curso telemáticamente. Veinte días de curso no arreglan los problemas de conciliación laboral y no hay razón para poner en riesgo la salud de los menores. En este sentido, en tiempos de pandemia y después, hacen falta alternativas y políticas, como adaptar los horarios comerciales para que el trabajo y crianza sean compatibles — «Así se compara el horario laboral español con el de otros países europeos» (Europapress) —, e incluso, como ocurre en otros países, caminar hacia la jornada laboral inferior a las 40 horas — algunos países lo han probado, como Suecia (BBC) —.

“los centros educativos […] tampoco pueden convertirse […] en el lugar donde arrojar a la infancia y adolescencia el máximo tiempo posible diario al servicio de los intereses políticos y comerciales de los poderes económicos y de las patronales”

Desde luego, no es de interés público abrir los centros educativos apunto de acabar el curso y en plena pandemia. Como tampoco pueden convertirse, en general, en el lugar donde arrojar a la infancia y adolescencia el máximo tiempo posible diario al servicio de los intereses políticos y comerciales de los poderes económicos y de las patronales.