Desde 2006, en Catalunya se permitió que los colegios públicos de primaria pudiesen ampliar el horario lectivo de 5 horas con una hora más (lo que es conocido como «la sexta hora»). Una medida que, por entonces, las autoridades dijeron que mejoraría el rendimiento académico en centros en los que el alumnado tiene dificultades varias. Al margen de que ello pueda ser útil o inútil, a lo largo de los años «la sexta hora» ha sido abandonada al punto que hasta el curso 2019-2020 solo la venían conservando algunos centros llamados “de máxima complejidad”.

El caso es que ha salido a la palestra que, para este próximo curso 2020-2021, el Departament d’Educació ha dado instrucciones a las direcciones de los colegios públicos dándoles la opción de eliminar «la sexta hora», a excepción de que pida mantenerla «Educació permet l’eliminació de la sisena hora a la pública el curs vinent» (EL PAÍS) —.

Al tiempo, ha trascendido en diversos medios que algunos partidos (PSC, CUP) y entidades como el llamado colectivo de «Escuelas contra la Segregación», se oponen a la eliminación de «la sexta hora» — «Escoles contra la Segregació reclama la sisena hora a tots els centres de màxima complexitat» (Social.cat) —. A ello se añade que, según hace público el diario «La Vanguardia», el «Síndic de Greuges» (defensor del pueblo catalán) ha iniciado un procedimiento de oficio para “investigar” la eliminación de «la sexta hora» — «Síndic investigará de oficio eliminación de sexta hora en colegios públicos» —.

En «Escuelas contra la Segregación» hablan de “catástrofe educativa” por la eliminación de la sexta hora y dicen que va a dejar en peor situación al alumnado “socialmente desfavorecido”. Llama la atención, puesto que en el comunicado que han hecho público «Reclamem la sisena hora a tots els centres ‘de màxima complexitat’» hablan de la segregación escolar sin mencionar cuáles podrían ser las causas (dicen que “eliminar la sexta hora aumenta la segregación”) y ponen como ejemplo a Salt (Girona), ciudad en la que “el cien por cien de los colegios públicos son de máxima complejidad” y aluden a que Terrassa (Barcelona) está acercándose a ello.

En el caso de Salt, hay hemeroteca en la que se denuncia que «en primaria, el 62% que estudia en la pública es inmigrante y en la privada y la concertada es el 9%» a lo que se añade otro hecho: «un 29% de estudiantes acaba la ESO en la escuela pública sin conseguir el graduado mientras que en la privada es un 1,9% y un 16% estudia fuera de la ciudad».

La «sexta hora» ya estaba y sigue en la privada concertada

El «Diari Ara» exponía en 2011 que la sexta hora en la escuela pública la implantó el «tripartito» (el «Govern» de coalición del PSC, ERC e ICV, 2003-2010) “para equiparar el horario con el de la privada concertada” — «La Generalitat eliminarà la sisena hora de classe a les escoles públiques» (Diari Ara) —.

«Como cualquier incremento de la financiación pública a la escuela privada acostumbra a ser con el recortes en los fondos de la educación pública, no puede decirse que “la sexta hora” repercuta en mejoras en los colegios públicos. Más bien lo contrario: en más recortes y menor dotación económica»

Los concertados ya tenían “la sexta hora” antes de 2006 y la imparten de pago como «actividad complementaria» (que presentada así carece de gratuidad, como indica el Artículo 88 de las leyes orgánicas LOMCE y de la reciente LOMLOE) y, como ocurre en este sistema educativo segregado (por el pago estatal a opciones privadas que conocemos por “conciertos educativos”), ante cualquier incremento en el presupuesto estatal de educación, las patronales de la concertada exigen su parte para sus centros privados. Es decir, esta medida del «tripartito» viene justificando la subvención estatal de “la sexta hora” en la privada.

Como cualquier incremento de la financiación pública a la escuela privada acostumbra a ser con el recortes en los fondos de la educación pública (si no, de Servicios Sociales y fondos europeos), no puede decirse que “la sexta hora” repercuta en mejoras en los colegios públicos. Más bien lo contrario: en más recortes y menor dotación económica.

Los llamados “colegios públicos de máxima complejidad”, disfraz de la política privatizadora de la Generalitat

Según una resolución oficial del Departament d’Educació, se ha de entender como “centro de máxima complejidad” aquél en el que el alumnado provenga de familias con «bajo nivel de instrucción de los padres o tutores; ocupación de puestos de trabajo de baja calificación profesional de padres o tutores; número significativo de padres o tutores de alumnos perceptores de la renta mínima de inserción; porcentaje elevado de padres o tutores en situación de paro; alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas específicas, y porcentaje alto de alumnos acabados de llegar (al país o, se entiende, de otras comunidades autónomas)».

Dicha resolución, con fecha de 2017, declara en la categoría de “máxima complejidad” a centenares colegios públicos de las cuatro provincias catalanas. Lo de la “máxima complejidad” parece un eufemismo para no hablar de «centros ghetto», creados por efecto de la política de las autoridades educativas de pago de la educación privada a las clases medias con los conciertos educativos.

«Lo de la “máxima complejidad” parece un eufemismo para no hablar de «centros ghetto», creados por efecto de la política de las autoridades educativas de pago de la educación privada a las clases medias con los conciertos educativos»

En estos colegios e institutos públicos quedan las familias en el umbral de la pobreza (y eso, en Catalunya, acostumbra a coincidir con alumnado inmigrante de países subdesarrollados, o autóctonos de toda índole, con la pobreza como común denominador). Esto no es un hecho aislado, sino consustancial al sistema educativo público, a leyes concretas (los conciertos educativos) que la Generalitat utiliza para pagarle los colegios privados a sectores de la sociedad con mejores medios económicos y privatizar y a ello es que se debe que la educación pública, toda ella, cada vez disponga de menores recursos y esté segregada.

Como en cualquier contexto de privatizaciones de servicios públicos univerales, a la par que aumenta (ni se revierte) el número de centros públicos «ghetto» y se van cerrando aulas públicas en todos, empiezan a darse casos de privación de ir a la educación pública, como ha ocurrido recientemente en Manresa: se priva a unas familias de ir al colegio público de su barrio y el «Departament d’Educació» les obliga a jugar el juego sucio de elegir entre ir a un concertado o un «ghetto» — «Topada entre un grup de famílies i l’escola Sant Ignasi amb la segregació de teló de fons» (Nació Digital) —.

La sexta hora en los colegios públicos “de máxima complejidad” de pago

A la situación de expolio de lo público, privatizaciones y conciertos educativos, en Catalunya se añade que la práctica totalidad de colegios e institutos públicos hacen pagar a las familias cuotas totalmente ilegales. Unas prácticas que las autoridades educativas llevan haciendo desde hace un década y que, de facto es una semiprivatización de la enseñanza pública y repagos ilegales para mayor desvío de fondos hacia los concertados. La LOMCE y la futura LOMLOE son especificas con el Artículo 88 en que los centros públicos tienen prohibido establecer pagos a percibir de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito o establecer servicios obligatorios de pago.

Estas ilegalidades se naturalizan en la sociedad catalana de tal manera que, el pasado marzo el Director General de Centros Públicos de la Generalitat enviaba una instrucción a todos los equipos directivos en la que les indicaba que, por los inconvenientes de la pandemia y cierre de los centros educativos, deberían suspender el cobro de “cuotas únicas” para el pago de “equipamientos” hasta el próximo curso.

No se han conocido reacciones políticas de partidos, sindicatos u organizaciones educativas en general ni tampoco parecen haber denunciado una instrucción que puede considerse ilegal (ni se ha denunciado el hecho primordial, que las autoridades educativas hagan expreso que hay un sistema de cuotas ilegales en los colegios públicos). Huelga decir que las cuotas ilegales en la escuela pública catalana son una trasposición de las que hace pagar la concertada en Catalunya y el resto de comunidades autónomas, como hablamos en el artículo «Con la pandemia, la concertada ni disimula los repagos ilegales que las familias ya no pagan y se los exige a la Generalitat».

Por eso, no sorprende la noticia de marras de La Vanguardia «Síndic investigará de oficio eliminación de sexta hora en colegios público» en la que se habla de la manida “sexta hora” como algo “beneficioso” que la Generalitat viene a eliminar injustamente y, a la par, como algo “normal”, se afirma que es de pago.

La mencionada “sexta hora” la legisla la Disposición Adicional Tercera del Decreto 143/2007 de la ordenación de la primarias de Catalunya y establece literalmente que habrá «centros con una hora más de permanencia» en los que «[…] todo el alumnado, además del horario lectivo, permanezca una hora diaria más, se dedicará esta “sexta hora” el desarrollo de habilidades prácticas y funcionales relacionadas con aspectos que favorecen la formación integral del alumnado; en ningún caso, sin embargo, las actividades de sexta hora avanzarán elementos curriculares». Es decir, en los centros públicos que se acogen a la opción de la hora adicional, todos los alumnos deben permanecer en las aulas y, por ello, se ha de entender como actividades obligatorias. Lo que, como dispone el Artículo 88 de la ley orgánica de educación, está completamente prohibido hacerlo de pago.

Hacer una política discriminatoria como el pago estatal de colegios privados y segregar a los públicos es una forma salvaje y velada de privatizar anómala en el mundo que la Generalitat paga y patrocina — «Bargalló: No se puede luchar contra la segregación sin la escuela concertada» (La Vanguardia) —. Pero convertir la enseñanza pública obligatoria de pago es una insumisión legal inaudita en España y la Unión Europea en general.

Dentro de esta dinámica de segregación y depredación a la educación pública, los poderes públicos son responsables de la creación de los «ghettos escolares». Por si no fuera suficiente hacinar al alumnado con todo tipo de dificultades en un mismo colegio público, como ello lleva a resultados académicos que tienden a ser pésimos, las autoridades educativas lo maquillan y hacen clase “una hora más” a modo de supuesto paliativo y, para mayor inmoralidad discriminatoria, se lo hacen repagar a los alumnos con pagos ilegales.

Los horarios de la escuela pública a merced de los intereses de la concertada

Como expone el «Sindicato de Profesores de Secundaria (ASPEPC-SPS)», a colación de otra cuestión relacionada con el horario lectivo como es la jornada compactada (clases solo por la mañana hasta el mediodía), la oposición acostumbra a encontrarse en las patronales y «think tanks» de la concertada. El mencionado sindicato expone en un documento que «la jornada compactada tuvo en contra desde un primer momento al sector de la privada concertada que lo considera competencia desleal, porque los alumnos prefieren ir solo por la mañana» (la mayoría de colegios privados concertados hacen jornada partida por las mañanas y las tardes).

Con la eliminación de «la sexta hora», se vuelven a dejar las cosas donde estaban hasta 2006. Solo los colegios privados concertados seguirán impartiendo esa hora adicional de pago disfrazada de «actividad complementaria» (o extraescolar) que supone mayor subvención de la Generalitat para el pago de nóminas de más profesores y, por otra parte, posiblemente esté suponiendo una fuente de lucro para las patronales por los pagos de las familias.

«Con la eliminación de «la sexta hora», se vuelven a dejar las cosas donde estaban hasta 2006. Solo los colegios privados concertados seguirán impartiendo esa hora adicional de pago disfrazada de «actividad complementaria» (o extraescolar) que supone mayor subvención de la Generalitat para el pago de nóminas de más profesores y, por otra parte, posiblemente esté suponiendo una fuente de lucro para las patronales por los pagos de las familias»

No parecen casuales los cantos de sirena de ciertos colectivos y partidos a favor de «la sexta hora» en los colegios públicos ghetto y ello choca con la oposición de los sindicatos docentes. USTEC, el sindicato mayoritario en la educación pública catalana, en 2006 alertava de la inconveniencia de la hora complementaria: «igualar los horarios de la pública y privada concertada no supone en si mismo una medida de equidad e igualdad de oportunidades. […] entendemos que se requiere la aplicación de medidas en la escuela pública encaminadas a desmasificar las aulas, reducir ratios, y dotar los centros educativos públicos de los recursos humanos y materiales suficientes […]».

En lo que parece haber acuerdo transversal es en desplazar el debate a una cuestión de horarios y recursos públicos. La mención de los intereses de la concertada parece un mero recurso retórico que, en cualquier caso, no viene acompañado de la exigencia de acabar con el pago estatal de colegios privados (los conciertos educativos) ni hay voluntad de exigir que cumplan la ley (en la pública y la concertada una hora de permanencia de pago en enseñanza obligatoria es una ilegalidad). O lo que es lo mismo: no hay voluntad de reclamar la reversión de la causa primordial de falta de financiación y precariedad en la educación pública y la segregación en los colegios públicos del alumnado con menores medios económicos o en el umbral de la pobreza.