La crisis sanitaria por el coronavirus ha hecho necesario el cierre de todos los centros educativos y los concertados no han sido una excepción. Según dicen las patronales de la concertada en prensa, la situación ha provocado que una parte de las familias no paguen las cuotas supuestamente voluntarias.

Exigen el pago con falacias que bordean el chantaje, tales como que sin esos ingresos no pueden mantener todos los contratos laborales y ello obligaría a ERTEs en sus plantillas — «Las familias denuncian que la concertada sigue cobrando las cuotas y la patronal dice que es para “mantener” los centros», 5/4/2020, eldiario.es —, o incluso piden con descaro que los gobiernos autonómicos doblen la cantidad de dinero público que transfieren a los colegios privados concertados para evitar la quiebra en dos o tres meses — «La escuela concertada alerta que la crisis del coronavirus puede abocar a cierres», 2/4/2020, La Vanguardia —.

No debería sorprender que un servicio privado cobre, de no ser que los colegios concertados están enteramente sostenidos con fondos públicos y las cuotas obligatorias que imponen a las familias están prohibidas por el Artículo 88 de la LOMCE. La exigencia del pago podría abrir sospecha de lucro, pues la viabilidad económica de la concertada está asegurada atendiendo a que el dinero público cubre las nóminas de los docentes, personal administrativo y el gasto corriente derivado de la actividad ordinaria lectiva.

Las familias denuncian públicamente estos cobros por considerlos un abuso, pero no parece que les preocupe la estafa de la enseñanza obligatoria declarada gratuita que impone cuotas obligatorias con las que están de acuerdo y que alejan a sus hijas e hijos de los pobres o con necesidades educativas especiales. Lejos de cuestionar a la concertada, lo que les moviliza es aquello que toda clientela reclamaría ante cualquier negocio: que no quieren pagar si no hay servicio, llegando a calificar el pago obligatorio como «robo a mano armada»«Padres de colegios concertados y privados denuncian las “abusivas” cuotas durante el cierre por el coronavirus», 4/4/2020, El Mundo —.

El contrato nulo

Los colegios concertados justifican los pagos obligatorios con eufemismos. Hablan de «aportaciones voluntarias» que las familias en circunstancias habituales están de acuerdo en pagar y que una parte va a los gastos de funcionamiento en horario lectivo según afirman las principales patronales de la concertada catalana en un reciente comunicado — «L’escola concertada demana al conseller Bargalló respecte i honestedat sobre les quotes» —. Esos gastos ya los cubre el dinero público y las cuotas pueden considerarse ilegales atendiendo a que el Artículo 88 de la LOMCE establece que «en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» y que no se pueden «imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios».

“Los colegios concertados justifican los pagos obligatorios con eufemismos. Hablan de «aportaciones voluntarias» que las familias en circunstancias habituales están de acuerdo en pagar y que una parte va a los gastos de funcionamiento en horario lectivo según afirman las principales patronales de la concertada catalana”

Por supuesto que los colegios concertados pueden cobrar si hacen actividades extraescolares a distancia por el confinamiento, pero las cantidades aportadas no pueden repercutir en ninguna actividad ordinaria lectiva, ni en nada que ya esté sostenido con fondos públicos.

Cuando las familias dicen que los colegios concertados incluso cerrados abusan y les quieren cobrar obligatoriamente la llamada cuota voluntaria, no cuestionan las ilegalidades sistemáticas. Lo reseñable es que esto de la concertada y las cuotas lleva pasando 35 años. Algo que las derechas promueven y las “izquierdas” apoyan sin pudor.

En cualquier caso, las patronales y familias están de acuerdo en que son cuotas obligatorias, y una parte las exige y otra solicita legítimamente la suspensión de los pagos obligatorios hasta la derogación del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus.

“Pero por bien que le parezca al colegio concertado y la familia, en nuestro ordenamiento jurídico los pagos obligatorios en la enseñanza declarada gratuita sostenida con fondos públicos están prohibidos, y por considerarse una ilegalidad, el acuerdo entre las partes es un contrato nulo que exime a las familias del pago si deciden oponerse

Pero por bien que le parezca al colegio concertado y la familia, en nuestro ordenamiento jurídico los pagos obligatorios en la enseñanza declarada gratuita sostenida con fondos públicos están prohibidos, y por considerarse una ilegalidad, el acuerdo entre las partes es un contrato nulo que exime a las familias del pago si deciden oponerse. El Artículo 1255 del Código Civil expone que «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público», y el 1256 establece que «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes».

Una oposición a los pagos obligatorios efímera

Al margen del ruido cómplice de las partes, bastaría con que cada familia decidiese legítimamente no pagar, y en el caso de la domicialización bancaria, cancelarla y devolviera los recibos. En otro orden, quedarían las actuaciones que los colegios concertados reprendan con represalias y discriminaciones contra quienes decidan oponerse a los pagos — «Familias de Vic en escuelas concertadas denuncian les obligan a pagar cuotas», La Vanguardia, 7/3/2020 —, algo tampoco novedoso. Por algo cobran esas cuotas obligatorias y la práctica totalidad del alumnado de familia modesta o pobre, con necesidades especiales y dificultades, están segregadas en la educación pública.

“Lo cierto es que sería ingenuo pensar que por denunciarlo significara que la concertada pueda ser gratuita por dinero público que la sostenga. Las cuotas son fundamentales en el lucro, selección del alumnado por razón económica y exclusión de las familias pobres en la educación pública […]”

Sería deseable que el desnudo de las patornales de la concertada exigiendo los pagos fuera respondido con denuncias de las familias ante la Inspección Educativa y la Justicia, y se obligara a estos colegios a cumplir la ley.

Lo cierto es que sería ingenuo pensar que por denunciarlo significara que la concertada pueda ser gratuita por dinero público que la sostenga. Las cuotas son fundamentales en el lucro, selección del alumnado por razón económica y exclusión de las familias pobres en la educación pública. Basta revisar la hemeroteca en la prensa escrita para encontrar artículos como «La segregación escolar en Catalunya: la concertada asume menos de la mitad de los alumnos pobres que le tocarían» (eldiario.es) o «La segregación escolar entre ricos y pobres se asienta: la privada y concertada acoge solo al 7,5% de los alumnos desfavorecidos» (eldiario.es)).

“[…] la educación privada no tienen razón de ser sin lucro y exclusividad por más que se sostenga con dinero público, y eso es lo que compran las familias. De no ser así, deberíamos ver un éxodo de madres y padres de la concertada que elegiría ir a la escuela pública en las preinscripciones para el curso 2020-2021 […]”

Por otro lado, las patronales no pueden ser más cristalinas cuando dicen que sus colegios privados son inviables sin cuotas, y lo que su clientela no les cuestiona es que la educación privada no tienen razón de ser sin lucro y exclusividad por más que se sostenga con dinero público, y eso es lo que compran las familias. De no ser así, deberíamos ver un éxodo de madres y padres de la concertada que elegiría ir a la escuela pública en las preinscripciones para el curso 2020-2021 — aplazadas por el confinamiento —.

Será difícil que ocurra, al igual que las ilegalidades vayan a denunciarse en los tribunales. De las consejerías de educación en las diferentes autonomías no ha trascendido nada, salvo retórica — «La Generalitat reitera que la Salle no puede hacer pagar ningún tipo de cuota a las familias mientras dure la crisis sanitaria», La Valira. No parece tampoco que el Gobierno de coalición de las «fuerzas del cambio» del extremo centro y las “izquierdas” tengan intención de tocar a la concertada.

“De nuevo las falacias más manidas: como si fuera cierto que ir a la escuela privada es un derecho que debemos pagar todos con impuestos, y ese «“derecho” a la libertad de elección de centro» que utiliza la derecha para espoliar a la educación pública con los conciertos educativos y que la supuesta “izquierda” compra sin pudor”

En la enésima reforma de la ley orgánica de educación que el Gobierno está tramitando, la «LOMLOE», en el Artículo 84 dice que «las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales».

De nuevo las falacias más manidas: como si fuera cierto que ir a la escuela privada pueda considerarse un derecho que debemos pagar todos con impuestos, y continuidad del llamado «“derecho” a la libertad de elección de centro» que utiliza la derecha para espoliar a la educación pública con los conciertos educativos y que la supuesta “izquierda” compra sin pudor — hablamos de ello en el artículo «El unicornio en el jardín. Jugar con el ‘derecho’ a la libertad de elección de centro para no tocar la concertada» —.

“Debemos exigirles (a las concertadas) que cumplan la ley como todo el mundo, aunque según parece de ese modo no habría lucro ni exclusividad y dejaría de ser “viable” (¿de interés?) para las patronales”

Concluyendo, mientras no logremos acabar con los conciertos educativos — algo deseable y factible que es mucho más fácil que revertir el cambio climático ya que lo puede decidir un consejo de ministros con un decreto de la noche a la mañana —, no hay justificación alguna para permitir los atropellos, abusos e ilegalidades con las que estos colegios privados se valen para seleccionar al alumnado en contra de la admisión universal a la que están obligados. La concertada no tiene suficiente con ser el elefante en la habitación que acapara el dinero y recursos de la escuela de todos a la que segrega, sino que se ha convertido en un negocio, como apunta la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) en El Salto Diario. Debemos exigirles que cumplan la ley como todo el mundo, aunque según parece de ese modo no habría lucro ni exclusividad y dejaría de ser “viable” (¿de interés?) para las patronales.