2020 se ha inaugurado con la pandemia por coronavirus y el Estado de Alarma decretado por el Gobierno con el que se han cerrado todos los colegios y obliga a la ciudadanía al confinamiento con excepciones, como acudir a los puestos laborales en ciertos sectores o el teletrabajo, y cuando eso es inviable, las patronales aprovechan la coyuntura para despedir en masa a sus plantillas mediante EREs y ERTES.

Con esta situación, el Gobierno y las autonomías no decretan la suspensión cautelar e incondicional del pago de las facturas de los servicios básicos, hipotecas o el alquiler de los pisos. Tampoco proporcionan rentas básicas a las familias para poder cumplir el confinamiento, cuidar de las hijas e hijos y alimentarlos todos los días.

Eso sí: hay consejerías de educación que cambian las becas comedor escolar por tickets para comer todos los días en conocidas cadenas de fast-food (pizzas, hamburguesas y nugets, y de regalo ensaladas) con dinero público o darán tarjetas bancarias monedero. La cuestión no es solo la infamia de repartir migajas mientras el Gobierno prioriza a las patronales que seguirán con los despidos masivos, sino cómo harán las familias de la escuela pública — según apuntan los medios, el 85% de la perceptora de becas comedor (eldiario.es) — para seguir trabajando y que alguien cuide de los pequeños de la casa. En muchos casos tendrán que ser los abuelos y eso que es la población que registra mayor mortalidad en caso de infectarse con el CoViD19.

Cierre de todos los centros educativos y confinamiento sin derechos

Entre las noticias que llegaban de la emergencia sanitaria por el coronavirus en China y el Estado de Alarma decretado por el Gobierno han pasado solo tres meses. La reacción de la mayoría de países ha sido tardía y de similares características: confinamiento de la población en sus casas, limitaciones de movimiento para toda la ciudadanía y restricciones en el comercio para contener y evitar la expansión de la infección.

Otra de las medidas ha sido el cierre de todos los centros educativos. Una situación que pone en jaque la conciliación laboral del grueso de las familias porque mientras trabajan no tienen dónde dejar a sus hijos más que en casa. Dependiendo del sector, hay empresas que pueden transitar el Estado de Alarma con teletrabajo — lo que no está exento de dificultades: ¿cómo trabajar y atender a los pequeños de la casa? —.

Si eso es imposible, los hijos quedan a cargo de los abuelos y eso puede ser letal porque es la población que registra más mortalidad si contraen el coronavirus.

Contra la precariedad en aumento, el Gobierno estatal ni las comunidades autónomas admiten la posibilidad de ingresar rentas a las familias, y en paralelo las empresas están realizando despidos masivos y pidiendo con conocidos sindicatos cómplices que el Gobierno facilite el despido libre.

La pandemia está arrastrando el país a una crisis extractivista en la que la mayoría habrá de pagar con sus impuestos las pérdidas de las patronales y ponerse en la cola del paro.

Dar de comer fast food o tarjetas monedero a la infancia de la escuela pública

Decía eldiario.es en el artículo «La segregación escolar en Catalunya: la concertada asume menos de la mitad de los alumnos pobres que le tocarían» que el 85% de las becas de comedores escolares son otorgadas al alumnado de los colegios públicos, mientras que solo un 15% corresponde a los privados concertados.

La cantidad de alumnado becado para comedor escolar es un indicador de pobreza infantil, aún cuando no tiene en cuenta a las familias en situación de pobreza que comen en casa.

“[…] la Consejería de Educación madrileña dará menús «fast food» de Telepizza, mientras que en Catalunya ofrecerá migajas con «tarjetas bancarias monedero» de La Caixa.”

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos han aprobado medidas de urgencia contra la incipiente precariedad magnificada por la crisis sanitaria para el alumnado de la educación pública: la Consejería de Educación madrileña dará menús «fast food» de Telepizza, mientras que en Catalunya ofrecerá migajas en forma de tarjetas bancarias monedero de La Caixa.

“En todo caso, en ausencia de medidas estatales solidarias, las familias catalanas con beca de comedor escolar no tendrán más remedio que utilizar la tarjeta monedero indistintamente para comprar comida, pagar la luz o el alquiler, o cualquier otro gasto básico.”

No parece que la Comunidad de Madrid con Telepizza vaya a alimentar a la pobreza infantil sino que dará algo que comer con su saludable “cocina” — el Ministerio de Sanidad ayer declaraba que no lo permitiría y paradójicamente en 24 horas cambian la postura —, ni tampoco la vía catalana de la caridad soluciona en ningún caso la conciliación laboral y familiar o de despido laboral en una situación de emergencia social. En todo caso, en ausencia de medidas estatales solidarias, las familias catalanas con beca de comedor escolar no tendrán más remedio que utilizar la tarjeta monedero indistintamente para comprar comida, pagar la luz o el alquiler, o cualquier otro gasto básico.

Medidas de urgencia contra la crisis social y económica

Sea por el confinamiento o por la suspensión de empleo y sueldo, o despidos masivos en el sector privado, el país no solo se enfrenta a la emergencia sanitaria y un Estado de Alarma que va a ampliarse con mucha probabilidad más allá de los 15 días previstos. Las propias medidas de contención de la pandemia tiene consecuencia sociales globales.

Países gobernados por las derechas como Francia han decretado la suspensión del cobro de las hipotecas y alquileres de pisos, e incluso de los servicios básicos como el agua y la luz, o cubrirá los créditos bancarios de las empresas. Unas medidas deseables ante una emergencia en el medio plazo más social que sanitaria.

Contrasta la postura de la coalición de gobierno de las autoproclamadas fuerzas del cambio ante la emergencia social que va a dejar la sanitaria. Se puede resumir en una reacción tardía y con medidas encaminadas a socializar las pérdidas de las patronales en lugar de blindar los derechos sociales y laborales. Hoy, por lo menos, anuncia el Consejo de Ministros que ha aprobado la suspensión del cobro de las hipotecas, pero ni rastro de lo propio con los alquileres de pisos, la intervención de los servicios privatizados de luz, gas y agua para garantizar las condiciones dignas de la ciudadanía.

Por factible que sea, tampoco parece que la situación de emergencia social haga que la supuesta izquierda plantee la supresión de toda subvención a los conciertos educativos vía Servicios Sociales o becas estatales, atendiendo a que ir a la escuela privada no es ningún derecho y el Gobierno debería priorizar los recursos en los colegios públicos y las familias que los eligen. Ni por eso tocan a los concertados.

En ausencia de políticas para fortalecer los programas sociales universales, cabe preguntarse cómo van a ser las próximas semanas de Estado de Alarma en algo crucial como la alimentación suficiente y saludable para la mayoría de la infancia en situación de pobreza que se escolariza en los colegios públicos de todo el país.

¿Solidaridad o caridad «fast food»?

Ánimo de lucro del lobby agroalimentario en la Comunidad de Madrid

El Salto Diario expone en el artículo «Qué hay detrás del plan de Díaz-Ayuso que da a Telepizza la gestión de los menús escolares» el entramado del lobby agroalimentario que dará de comer comida basura a más de diez mil niñas y niños durante el Estado de Alarma en sustitución de la alimentación saludable de los comedores escolares:

«Después de desautorizarlo, el Ministerio de Sanidad da vía libre al plan del Díaz-Ayuso para que Telepizza elabore y reparta miles de menús infantiles en sus locales. Esta empresa, junto con Coca-Cola, Campofrío, Pepsico y Nestlé, forma parte de la Fundación Española de la Nutrición, un lobby agroalimentario que asesora y evalúa lo que se come en los colegios de la Comunidad de Madrid».